La causa por los supuestos vínculos de funcionarios de la municipalidad de Alberdi tendrá hoy un día clave. Un juez determinará si el expediente iniciado hace casi un mes por la viralización de un audio debe ser investigado por la Justicia Federal, tal como lo solicitó la fiscal Mónica García de Targa.
La representante del Ministerio Público inició la investigación por la conversación entre el supuesto empresario de la construcción Roque “Chipi” Giménez y el ex intendente Luis Campos. Al primero lo acusó de intimidación pública e incitación a cometer ilícitos. Mientras que al ex funcionario lo notificó que lo investigaría por intimidación pública, encubrimiento agravado e incumplimiento de los deberes de funcionario público. Pero con el correr de los días surgieron nuevos indicios que derivaron en la detención de los ex secretarios de ese municipio José del Carmen Roldán (Hacienda), Pablo “Maceta” Barrionuevo (Acción y Desarrollo Social), el ex concejal Albano Loru y el gremialista José “Cuchamota” Funez.
“Con la investigación nos encontramos ante una organización criminal que habría cometido una serie de actos vinculados a la comercialización de estupefacientes en Alberdi. Los ingresos obtenidos habrían sido insertados bajo la apariencia de actividades rentables como ser obras públicas, alquileres al municipio o actividades comerciales como la imprenta de Roldán”, argumentó García de Targa.
La fiscala destacó que su par federal Rafael Vehils Ruiz también había señalado la existencia de una organización que estaría integrada por Campos, su esposa, la legisladora Sandra Figueroa, Roldán y Giménez, a la que la investigadora sumó a Barrionuevo, Loru y Funez.
Caso Alberdi: se duplicó el número de personas investigadas“La urgencia de la unificación de las investigaciones es innegable y amerita una resolución urgente. La duplicidad de investigaciones sobre un mismo hecho generador no solo resulta ineficiente, sino que puede conducir a resoluciones contradictorias y a una indebida fragmentación de la prueba”, señaló en un escrito. Como ejemplo puso el caso de “Cucha Mota”, que en la justicia ordinaria fue procesado por integrar la organización y, en la federal declaró como testigo. También indicó que ambos fueron realizaron medidas y secuestros de elementos probatorios por separado.
Definiciones
En el planteo de incompetencia, García de Targa siguió dando a conocer detalles sobre su teoría del caso. “La interconexión entre la estructura criminal y el erario público, manifestada a través de la contratación directa de obras públicas y el manejo irregular de fondos municipales, como los casi $500 millones recibidos por ‘Chipi’ Giménez por obras de dudosa ejecución (Sala Velatoria, Mercado Municipal y Centro Cultural), así como los $28 millones para ‘Giménez Producciones’ por eventos municipales, y las transferencias no justificadas a la imprenta familiar de la hija de Roldán, evidencian un entramado que trasciende la mera actividad delictiva individual y que encuentran hasta el momento a la figura de José Roldán en su condición de Secretario de Hacienda municipal, como clave”, sostuvo.
Trasladan a Benjamín Paz a los ex funcionarios de Alberdi detenidos tras el escándalo de los audios“La identidad y la ampliación subjetiva de los investigados, así como sus conexiones con el ámbito municipal, justifican plenamente la atracción de la causa provincial por parte de la jurisdicción federal”, indicó en el escrito en el que también duplicó la cantidad de personas que deberían ser investigadas. (Se informa por separado).
“La sospecha de que el grupo investigado aún -después de la intervención- mantendría poder entre los empleados municipales, al punto de hacer desaparecer o demorar oficios judiciales, también refuerza la necesidad de una investigación con el alcance y los recursos que solo el fuero federal puede proveer”, añadió.
Otros puntos
La fiscala también hizo una valoración diferente del contenido del audio. “La mención de acciones de injerencia sobre la fuerza policial, con expresiones como ‘vos al comisario lo tenés que empapelar y dejarlo sin laburo’, junto a la referencia a la ‘muerte de personas’ y la asociación ilícita para llevar a cabo estas actividades ilícitas desde una posición de poder vinculada a la gestión municipal, indican la posible configuración de un entramado criminal complejo y sostenido en el tiempo, cuyo desentrañamiento y represión exige la intervención del fuero federal, dada la naturaleza transnacional o interprovincial que usualmente adquieren estos delitos, y la especialización que posee dicha jurisdicción”, fundamentó.
Los supuestos nexos narcos que complican a funcionarios de Alberdi“La gravedad y trascendencia pública de estos sucesos, que incluso motivaron la intervención del Municipio de Alberdi por parte del Poder Ejecutivo evidencian el impacto de estas actividades ilícitas a una escala que supera la órbita provincial, y confirma la afectación a bienes jurídicos de interés nacional. La existencia de estos delitos federales, aun cuando pudieran existir otros de competencia provincial, genera una conexidad por atracción que impone la remisión de la totalidad de las actuaciones al fuero federal para una investigación integral”, destacó.
Panorama
En una audiencia, el juez Fabián Rojas definirá cómo seguirá la causa. No sólo tendrá que aceptar o rechazar el pedido de García de Targa, sino también definir qué sucederá con los planteos de impugnación presentados por Florencia Abdala y Camilo Atim (defensores de Roldán), Javier Lobo Aragón (asiste a Loru) y Tomás y Nicolás Arce (representantes de Barrionuevo) que había sido fijada para el viernes. El caso de “Chipi” Giménez es diferente, pese a que fue acusado de integrar la asociación ilícita, hasta el momento no se le formularon esos cargos.
La resolución de Rojas no es determinante. Si acepta el pedido de la representante del Ministerio Público, el expediente deberá ser analizado en la Justicia Federal para determinar si es competente para avanzar con la investigación. Esta decisión también podría ser clave para definir si los detenidos recuperarán la libertad o seguirán detenidos en el penal de Benjamín Paz.
Planteos: los defensores no dudaron en expresar sus inquietudes
“Uno de los mayores interrogantes es saber por qué se llegó a esta instancia sin que se haya resuelto antes la declaración de la incompetencia. Mi asistido está detenido por dos delitos menores y se lo mencionó en la audiencia de ser miembro de una asociación ilícita, pero hasta el momento no le formularon cargos por ese delito”, señaló Silvia Furque, defensora de Roque “Chipi” Giménez. “A pesar del respeto que le tengo a la fiscala Mónica García de Targa y al auxiliar Bernardo Sassi, no tengo dudas de que en este caso se equivocaron. No hay ninguna prueba en contra de mi defendido y además, hacen este planteo antes de que se realice la audiencia de impugnación”, sostuvo Javier Lobo Aragón, defensor de Albano Loru. Florencia Abdala y Camilo Atim señalaron que no harían declaraciones por el momento.